La historia que Michoacán se empeña en no aprender

El fracaso de intervenir sin reconstruir la autoridad México tiene una larga experiencia desplegando fuerzas federales en territorios donde la autoridad pública se encuentra debilitada. Michoacán constituye uno de los ejemplos más persistentes de…

¿Qué ocurrió?

El fracaso de intervenir sin reconstruir la autoridad México tiene una larga experiencia desplegando fuerzas federales en territorios donde la autoridad pública se encuentra debilitada. Michoacán constituye uno de los ejemplos más persistentes de esa contradicción: el Estado puede concentrar soldados, policías, vehículos y recursos extraordinarios, pero eso no significa que haya recuperado la capacidad de gobernar la vida cotidiana. Entrar en una región no equivale a controlar sus caminos, sus economías, sus instituciones ni las decisiones de quienes viven bajo amenazas criminales.

El Plan Michoacán por la Paz y la Justicia nació en ese contexto. La presidenta Claudia Sheinbaum lo presentó el 4 de noviembre de 2025, después del asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan. Cinco días después anunció una estrategia de doce ejes, más de cien acciones y una inversión superior a 57,000 millones de pesos, incluida inversión mixta. La magnitud presupuestaria expresa una decisión política; todavía no demuestra una transformación institucional. La coyuntura inmediata estuvo marcada también por el asesinato de Bernardo Bravo, dirigente de productores limoneros, en octubre de 2025. Su muerte exhibió la vulnerabilidad de una actividad económica sometida a presiones criminales. En cuanto a Hipólito Mora, exlíder de autodefensas asesinado en junio de 2023, su caso pertenece a una secuencia anterior que ayuda a comprender la profundidad histórica de la crisis. No fueron acontecimientos equivalentes ni simultáneos: juntos ilustran cómo la violencia ha alcanzado a autoridades municipales, representantes productivos y figuras surgidas de la resistencia armada. La pregunta pertinente, por tanto, no es si hacía falta intervenir. Era indispensable proteger a la población y perseguir a los responsables. La pregunta es por qué, después de tantas intervenciones, las condiciones que permiten la reproducción de la violencia continúan presentes. El Operativo Conjunto Michoacán, iniciado en diciembre de 2006, inauguró una etapa de intervención federal que continuó durante los años siguientes.

¿Por qué es importante?

En 2008, las autoridades reportaban decomisos, detenciones y operaciones contra organizaciones delictivas. Esos resultados podían acreditar actividad policial y militar, pero no necesariamente la recuperación sostenible de las instituciones locales. La propia documentación federal de aquellos años reconocía debilidades de las corporaciones y la necesidad de reconstruir capacidades policiales y ministeriales. La intervención de 2013 y el Plan Michoacán de 2014 respondieron a otra fase de la crisis: expansión de los grupos criminales, levantamientos de autodefensas y pérdida de confianza en las autoridades. El Gobierno…