Chetumal, Q. Roo.– Los datos sobre seguridad en Quintana Roo pintan un panorama preocupante que va más allá de la delincuencia común, señalando una intensificación de crímenes de alto impacto como el secuestro y las desapariciones. Lejos de ser un problema aislado, la situación revela una crisis de protección ciudadana que se concentra peligrosamente en la región sur del estado.
El Sur, Foco Rojo de la Violencia
Según un informe crucial, publicado el 27 de noviembre de 2025, la capital del estado, Chetumal, y el municipio de Othón P. Blanco —junto con zonas mayas y áreas rurales circundantes—, se han convertido en el epicentro de esta ola criminal.
Solo entre agosto y principios de noviembre de este año, se documentaron al menos 27 secuestros consumados. De hecho, octubre fue un mes especialmente crítico, concentrando una docena de estos incidentes.
Quintana Roo, con Alta Incidencia de Secuestros
Al ampliar la mirada a todo el estado, la situación es más grave:
- En lo que va de 2025 (enero a octubre), la entidad ha registrado 45 casos de privación ilegal de la libertad, una cifra que, según la organización Alto al Secuestro, coloca a Quintana Roo como el segunda entidad con mayor incidencia de este delito a nivel nacional.
- El tipo de crimen ha evolucionado más allá del secuestro express, incluyendo casos con fines de extorsión, presuntos “levantones” masivos y desapariciones ligadas a estructuras del crimen organizado y la trata de personas.
La Cifra Récord de Desaparecidos
Las desapariciones representan otra arista alarmante. En 2025, se han generado más de 1,011 fichas de búsqueda en el estado, un récord histórico, lo que representa casi la cuarta parte de todos los reportes emitidos desde 2015.
Aunque más de 600 personas han sido localizadas con vida, la cifra de 368 fichas activas es un reflejo de la crisis.
La Brecha de la Desconfianza
Un factor que distorsiona la verdadera magnitud del problema es la enorme “cifra negra”: la mayoría de las familias de víctimas, especialmente migrantes, trabajadores temporales o personas de comunidades vulnerables, evitan la denuncia formal. El miedo, la desconfianza en las autoridades y las amenazas complican que los registros oficiales reflejen la realidad.
La disparidad entre los datos gubernamentales y los reportes de las organizaciones civiles subraya una falla institucional que exige transparencia y una respuesta de seguridad que priorice a las poblaciones históricamente marginadas del sur.
