Los abogados particulares y las organizaciones del tercer sector que trabajan con los migrantes están preocupados por no contar aún con los documentos concretos que deberán presentar los extranjeros para optar a la regularización extraordinaria planteada por el Gobierno. Y las oficinas donde entregarlos. Y las organizaciones colaboradoras en cada provincia. Son extremos que aún desconocen quienes tendrán que prestar su ayuda, con ánimo de lucro o sin él, a los centenares de miles de extranjeros que estos días rozan ya con los dedos un permiso de residencia y trabajo. Mientras una estimación del Ministerio de Migraciones calcula que podrían recibirse 750.000 solicitudes en un plazo que concluye el 30 de junio, lo que pondrá a prueba el funcionamiento de la Administración, las ONG echan en falta haber recibido por adelantado una información más detallada que les facilite la organización previa de un proceso que el Gobierno ha calificado de “hito de la legislatura”.
Fuente: El País
